Sostuvo que la empresa recibirá una multa equivalente a cinco unidades impositivas tributarias (UIT) por carecer de autorización para operar, independientemente de la sanción que recibirá por la muerte de los trabajadores.
"El procedimiento señala que primero se declara la paralización y se espera a que la empresa se formalice o regularice las autorizaciones necesarias para operar, en caso no lo hiciera se procede a su cierre", explicó Ruiz desde la provincia de Oyón, adonde viajó para hacer una investigación in situ.
(Correo)
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